DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO ETAPA DE EVALUACIÓN INICIAL Informe n.° PIDA630 Nombre del proyecto Préstamo de Asistencia Técnica para Inclusión Social en el Perú (P131029) Región AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE País Perú Sector Otros servicios sociales (100%) Instrumento de financiamiento Préstamo de asistencia técnica Número de identificación del proyecto P131029 Prestatario REPÚBLICA DEL PERÚ Organismo de ejecución Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Categoría ambiental C (no se requieren medidas) Fecha de preparación del documento de 31 de octubre de 2012 información sobre el proyecto Fecha estimada de finalización de la 30 de octubre de 2012 evaluación inicial Fecha estimada de aprobación en el 18 de diciembre de 2012 Directorio Ejecutivo Decisión Otra decisión I. Contexto del proyecto Contexto nacional El Gobierno del Perú está muy comprometido con la solución del gran desafío del país de lograr un crecimiento más inclusivo y reducir las brechas sociales. Después de un estancamiento que duró alrededor de un cuarto de siglo, Perú se convirtió en una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina durante la última década y sobrellevó bien la reciente crisis. Entre 2000 y 2011, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) fue sólido, al alcanzar un promedio de 5,7% durante este período. El crecimiento económico fue particularmente considerable entre 2004 y 2011, cuando casi el 31% de la población pudo salir de la pobreza. Otros indicadores sociales mejoraron significativamente, por ejemplo, la malnutrición crónica, que disminuyó del 28,5%, en 2007, al 23,2%, en 2010. Durante las crisis económicas mundiales de 2008-09, el Gobierno pudo utilizar un conjunto exitoso de medidas fiscales y monetarias que ayudaron a establecer las condiciones para una recuperación rápida. Las políticas fiscales y monetarias anticíclicas permitieron mitigar los efectos de la crisis mundial y lograr rápidamente la recuperación de la economía. En 2009 se lanzó un plan de estímulo económico equivalente al 3,4% del PIB, que mantuvo un crecimiento positivo de dicho producto. Desde el punto de vista monetario, el Banco Central realizó importantes reducciones en las tasas oficiales y proporcionó liquidez adicional a través de un conjunto de instrumentos normativos equivalentes al 9% del PIB. El crecimiento se recuperó rápidamente: en 2010 alcanzó el 8,8% y en 2011, el 6,9%, a pesar de la constante desaceleración mundial. Los efectos del fuerte crecimiento en el empleo y los ingresos han producido una importante disminución de las tasas de pobreza. El empleo urbano en empresas formales ha aumentado continuamente entre 2001 y 2008 y se recuperó rápidamente después de la crisis. Entre 2004 y 2011, la pobreza disminuyó 31 puntos porcentuales, de aproximadamente el 60% de la población a casi el 28%. Durante el mismo período, la pobreza extrema se redujo en más del 60%, del 16,7% al 6,3% de la población. La desigualdad también tuvo una moderada disminución durante este período. Durante la última década, esta disminuyó levemente, en consonancia con un aumento proporcional del consumo entre los pobres. Entre 2004 y 2011, el coeficiente de Gini basado en los gastos disminuyó de 0,44 en 2004 a 0,38 en 2011, mientras que el coeficiente de Gini basado en los ingresos cayó de 0,51 a 0,46. A pesar de los admirables avances y de la considerable disminución de las tasas de pobreza, sigue habiendo disparidades en el país. Siguen existiendo grandes desafíos en la reducción de las desigualdades: los niveles elevados de pobreza todavía son constantes en las zonas rurales, donde el 56% de la población vivía por debajo de la línea de pobreza en 2011, en comparación con solo el 28% de la población total. El rendimiento de la reducción de la pobreza también ha sido irregular en las distintas regiones del país. A pesar de las disminuciones de la pobreza en todas las regiones, el porcentaje de personas que viven en la pobreza en Sierra Norte (61%) es más del doble del total nacional de 2011. En contraposición, la costa central y Lima tienen las tasas de pobreza más bajas (alrededor del 10%). Por lo tanto, a pesar del sólido crecimiento económico y de la mejora de las condiciones de trabajo, las distintas regiones del Perú tienen tasas irregulares respecto de la creación de empleos, las utilidades y la productividad laboral. La población indígena tiene más probabilidades de ser excluida del desarrollo socioeconómico y es vulnerable desde el punto de vista económico. A pesar de la reducción de más de 30 puntos porcentuales ocurrida entre 2004 y 2011, la pobreza es del 32% entre la población indígena, en comparación con el 20% entre las poblaciones no indígenas. Además, en 2011, la tasa de pobreza extrema entre la población indígena fue dos veces más elevada que la de la población no indígena. La esperanza de vida de los pueblos indígenas en las tierras altas es de 30 años menos que en Lima. Este desequilibrio se debe, principalmente, a un acceso deficiente a los servicios de salud y a otros tipos de exclusión social. El porcentaje más alto de personas sin acceso a servicios de atención de la salud tiene un idioma indígena como su lengua materna, como quechua (61% de exclusión) y aimara (80%). Solamente el 41% de las comunidades indígenas amazónicas tiene un centro de salud comunitario y alrededor del 90% de sus partos ocurre sin asistencia institucional. Los pueblos indígenas, además, tienen menos acceso a la educación formal: según el último censo nacional, el 19% de los pueblos indígenas amazónicos no sabe leer ni escribir (28% de las mujeres) y solamente el 51% de la población menor de 24 años recibe educación formal (solo el 47% de los mayores de 15 años ha completado la educación primaria). Por último, una proporción considerable de personas de pueblos indígenas no tiene documentos de identidad (15% de los indígenas del Amazonas): otro impedimento para recibir asistencia social. A pesar de los considerables avances de los últimos años para la inclusión socioeconómica de las mujeres peruanas —al igual que en otros países de la región—, las brechas de género persisten. Con respecto a las dotaciones, las condiciones sanitarias y los resultados educativos de las mujeres han mejorado notablemente en el Perú en años recientes. En el área de la educación, las brechas de género se han cerrado en la educación primaria y secundaria, e incluso se han revertido en la educación terciaria. De modo similar, las tasas de fecundidad han disminuido. Estos avances fueron cruciales en los aumentos observados en las tasas de participación de las mujeres en la fuerza laboral durante la última década. No obstante, esto no significa que las oportunidades económicas para las mujeres hayan mejorado por completo. A pesar de los niveles más altos de capital humano, las mujeres que trabajan tienen más dificultades para ocupar los puestos mejores pagos y es mucho más probable que se desempeñen en sectores de baja producción, a diferencia de los hombres. La segmentación del mercado de trabajo y las brechas salariales siguen existiendo, incluso si se tienen en cuenta las diferencias en el logro educativo. Estas diferencias son más intensas en las zonas rurales, donde los embarazos adolescentes y la violencia contra las mujeres siguen siendo obstáculos para la formación de capital humano de las mujeres jóvenes. Esta falta de autoridad (la capacidad de tener aspiraciones y de tomar decisiones propias) continúa afectando a las mujeres y potencialmente debilita la tasa de la reducción de la pobreza y el crecimiento general del país. En conjunto, la lucha contra las restricciones del mercado, la mejora de las aspiraciones y la potenciación de la mujer pueden generar la fuerza necesaria para ayudar a las mujeres a integrarse mejor en la economía general y permitirles aprovechar su capital humano mejorado al ampliar sus oportunidades de generación de ingresos en la fuerza laboral. II. Contexto sectorial e institucional Los programas de protección social del Perú históricamente han constado de un sistema de seguridad social contributiva que les proporcionaba a los trabajadores formales seguridad de ingresos durante la vejez y una serie de programas de asistencia social cuyo objetivo era ofrecerles apoyo en materia de ingresos a las poblaciones más pobres. También han incluido programas de apoyo del empleo, como los programas de empleo temporal y el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), para brindar oportunidades de empleo y ganancias productivas para los pobres. Estos programas se han caracterizado por incluir a gran parte de la población a través de beneficios muy pequeños. Los gastos en asistencia social siguen estando entre los más bajos de América Latina, a pesar del aumento sostenido durante la última década, que llegó al 0,77% del PIB en 2010. Los programas de protección social del Perú se han caracterizado por su heterogeneidad en lo que respecta a las metas, las poblaciones destinatarias, las culturas institucionales de los programas, los criterios en cuanto a las reglas de admisibilidad y de focalización, y los niveles de cobertura. Estos programas incluyen: a) Los programas de asistencia alimentaria, que constituyeron una gran proporción de los programas de protección social en el Perú durante muchos años. En 2006, había 27 programas de asistencia alimentaria, que representaban el 40% del gasto total en asistencia social (0,3% del PIB). En 2009, estos programas se racionalizaron y se redujeron a cinco, y se mantuvo así un presupuesto de 0,3% del PIB. En 2012, el Gobierno del Perú decidió cerrar el principal programa de asistencia alimentaria (el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria [PRONAA]) debido a considerables deficiencias identificadas en las evaluaciones anteriores, que indicaron problemas de baja cobertura y, al mismo tiempo, errores de inclusión, procesos de entrega subóptimos que ocasionaban demoras y raciones incompletas, y una gran diferencia entre la cantidad de alimentos entregados y la cantidad que realmente consumían los usuarios, lo cual estaba posiblemente relacionado con filtraciones en la ejecución del programa. Cuando se anunció el cierre del PRONAA, se creó un nuevo programa (Qali Warma) para reemplazar los programas alimentarios para los niños en edad escolar, que entrará en vigor en marzo de 2013, cuando comience el nuevo año lectivo. Se espera que Qali Warma gradualmente se convierta en un programa universal para 2016; su diseño se basa en las capacidades locales, lo cual representa un cambio radical respecto del enfoque centralizado del PRONAA. Con estos planes, el programa afronta dos desafíos principales: i) el plazo del lanzamiento del nuevo programa, que deja poco espacio para el desarrollo de un diseño y de una validación integrales en diferentes contextos (es decir, entornos rurales frente a entornos urbanos, áreas con mayor inseguridad alimentaria, etc.) y ii) la capacidad limitada disponible, especialmente en el ámbito local, para administrar tal programa (y para controlar su ejecución). Hasta enero de 2012, los programas de asistencia alimentaria eran administrados principalmente por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES); ahora el programa de alimentación escolar será administrado por el nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), mientras que la asistencia para la nutrición infantil será administrada por el Ministerio de Salud. b) El programa JUNTOS, de transferencias monetarias condicionadas, que está dirigido a los distritos más pobres de las zonas rurales y tiene el objetivo de proteger el consumo y el capital humano de los hogares en extrema pobreza. El programa transfiere S/.200 cada dos meses a las familias con hijos, para que puedan acceder a ciertas condiciones sanitarias y educativas. El programa formaba parte del compromiso del Gobierno de modernizar y de corregir la exclusión de la población vulnerable de la red de protección social. En los últimos años, el programa ha adquirido una importancia considerable y ha logrado constituirse como un pilar del sistema de protección social. Actualmente es el segundo programa social más grande del país, con un presupuesto de 852 millones de soles en 2012 (o aproximadamente el 0,16% del PIB), y abarca a más de 476 000 hogares en 638 distritos en las 14 regiones más pobres del Perú. Se han identificado cinco desafíos principales en la ejecución de JUNTOS, específicamente, la necesidad de lo siguiente: i) fortalecer el sistema de información para la focalización y la afiliación a fin de contribuir a la expansión del programa; ii) mejorar los mecanismos de evaluación de la capacidad de los sectores de salud y de educación para priorizar la expansión de la cobertura a aquellas zonas que tienen un suministro inadecuado; iii) mejorar los mecanismos de verificación de las corresponsabilidades para alinearlas con los nuevos desafíos del programa de malnutrición crónica y transición hacia la escuela secundaria; iv) rediseñar la función de los promotores locales para que incluya servicios de asesoramiento y de seguimiento, con el fin de que las familias más vulnerables puedan permanecer en el programa, y v) revisar los sistemas de pago para asegurar mejores condiciones técnicas y financieras. Hasta enero de 2012, JUNTOS era administrado por el Gabinete (Presidencia del Consejo de Ministros [PCM]); ahora está a cargo del MIDIS. c) El FONCODES, que se creó en 1991 para financiar los proyectos de inversión pública de pequeña escala. El objetivo de este fondo social era aumentar el empleo, reducir la pobreza y mejorar el acceso a los servicios sociales. En términos generales, este fondo se creó para beneficiar a las comunidades rurales más excluidas, identificadas a través de los mapas de pobreza. Sin embargo, con el tiempo, su relevancia ha disminuido considerablemente como resultado de reducciones en la asignación presupuestaria. Hasta enero de 2012, el FONCODES estaba administrado por el MIMDES; ahora es administrado por el nuevo MIDIS. d) Los programas de empleo temporal, que constituyen un aspecto importante de las políticas de protección social del Perú. Trabaja Perú (anteriormente, Construyendo Perú/A Trabajar Urbano) es un programa de empleo temporal que proporciona un modelo alternativo de transferencias de recursos a las poblaciones empobrecidas. Este programa les brinda la oportunidad de un empleo temporal a los trabajadores no calificados contratados por un salario por debajo de la tasa salarial mínima. En 2012, este programa tenía una asignación presupuestaria pública de 173 millones de soles, que solo representaba el 0,03% del PIB. Los programas de empleo temporal son administrados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. e) El sistema de protección de ingresos de la vejez del Perú, que tiene una larga tradición de programas contributivos, con beneficios estrechamente vinculados con el anterior historial de trabajo, y que ofrecía protección a menos del 20% de la fuerza laboral y al 25% de los adultos mayores. En agosto de 2010, el Gobierno lanzó el programa “piloto� Gratitud para proporcionar un ingreso mensual básico (S/.100 o US$38) a las personas mayores de 75 años en situación de pobreza extrema. En octubre de 2011, Gratitud fue reemplazado por un nuevo programa de pensiones no contributivas, Pensión 65, que brinda un beneficio mayor (S/.125 o US$47) a las personas mayores de 65 años en la misma situación. Hasta enero de 2012, los programas de pensiones no contributivas estaban administrados por el MIMDES; ahora Pensión 65 es administrado por el MIDIS. Marco para la coordinación y la administración de políticas Para abordar estos desafíos, y para promover un crecimiento socialmente inclusivo, en octubre de 2011, el Gobierno del Perú creó el MIDIS, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de la población a través del apoyo del ejercicio de los derechos, el acceso a oportunidades y el fortalecimiento de la capacidad, en coordinación con diferentes entidades públicas, privadas y de la sociedad civil. El MIDIS se basa en importantes reformas sociales implementadas en los últimos años que han mejorado la coherencia de varios programas sociales y que han contribuido a la coordinación de sus objetivos. La estrategia nacional Crecer, liderada por el Gabinete (PCM), y la implementación de la iniciativa Presupuesto por Resultados (PpR), liderada por el MEF, contribuyeron a la construcción de un marco para intervenciones de protección social más coordinadas. a) Crecer fue una estrategia nacional creada en 2007 como una plataforma de coordinación interinstitucional de los principales programas sociales, que se concentraba, directa o indirectamente, en la reducción de la malnutrición infantil. En 2012, el MIDIS desarrolló una nueva estrategia, Crecer para Incluir, que reemplazó a Crecer y que tiene la finalidad de armonizar la lógica de la intervención de las instituciones públicas centrándose en el ciclo de vida. La nueva estrategia hace hincapié en cuatro áreas estratégicas: la malnutrición infantil, el desarrollo en la primera infancia, las competencias para la vida y la inclusión económica. b) El PpR es un instrumento que permite programar el presupuesto a fin de aumentar la eficiencia y la eficacia en los gastos públicos, con especial énfasis en los resultados dentro del sector social, como la malnutrición infantil y la salud materna e infantil. Este instrumento rompió con la inercia presupuestaria institucional al asignar recursos presupuestarios en función de mejores resultados en los indicadores sociales, en lugar de sobre la base de las asignaciones históricas. En cierta medida ha mejorado la focalización y la coordinación de los programas sociales y ha contribuido a lograr un marco de políticas sociales más coherente. Sin embargo, el PpR ha sido liderado por el MEF y se lo ha llevado a cabo con poca influencia sobre la ejecución real de los programas. Ha destacado la importancia de los mecanismos de planificación y de presupuestación a nivel nacional, con conocimientos especializados locales limitados y subestimando las dificultades institucionales y de gestión que enfrentan los Gobiernos subnacionales. La política de inclusión social del Gobierno La inclusión social es el compromiso principal del nuevo programa del Gobierno. El presidente Humala asumió su cargo el 28 de julio de 2011 con el objetivo de mantener tasas de crecimiento altas y de mejorar la equidad a través de la ampliación de un programa de inclusión social. El Gobierno está sumamente comprometido con el logro de un crecimiento más inclusivo, y reconoce que una proporción importante de la población no tiene acceso a servicios básicos y adecuados, particularmente en las zonas rurales. Para cerrar las principales brechas de inclusión y equidad, el programa del Gobierno anunció un plan de “crecimiento con inclusión social� orientado a lo siguiente: i) proporcionar un acceso igualitario a los servicios básicos, al empleo y a la seguridad social; ii) reducir la pobreza extrema, con énfasis en la pobreza rural; iii) evitar los conflictos sociales mediante la recuperación de la credibilidad de las instituciones públicas, y iv) mejorar la vigilancia de los riesgos ambientales. Los esfuerzos del nuevo Gobierno están orientados hacia la creación de un marco institucional que promueva una mayor inclusión, mejore la eficiencia de los programas sociales y amplíe los mecanismos para tener un mejor acceso a los servicios básicos. Se espera que estos esfuerzos permitan contar con un sistema de protección social más coherente y efectivo. Para poder implementar la reforma de inclusión social, el 20 de octubre de 2011 se creó el MIDIS. El MIDIS tiene la función de liderar la estrategia de inclusión social del Gobierno, ejercer la administración y la coordinación de las políticas de inclusión social e implementar programas de protección social específicos. Tiene funciones de dirección y de ejecución. En cuanto a la dirección, el MIDIS tiene el objetivo de implementar un Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y de promover una coordinación más estrecha entre los sectores sociales universales (salud y educación), las oportunidades productivas y las acciones de los Gobiernos subnacionales en las zonas rurales con prioridad. La colaboración entre los Gobiernos nacional y subnacionales sería liderada por la Dirección General de Descentralización y Coordinación de Programas Sociales del MIDIS y se facilitaría a través de sistemas y de políticas integrados de amplia promoción en el marco de este ministerio (por ejemplo, mediante una plataforma de información integrada que incluya datos en distintos niveles de la ejecución, el fortalecimiento de las unidades de focalización locales del Sistema de Focalización de Hogares, etc.). La función de seguimiento y evaluación del MIDIS está orientada a aumentar la efectividad de la ejecución de los programas y de la estrategia general de inclusión social a través de la generación de un diseño más informado y de la ejecución de los programas sobre la base de la realidad y mediante la promoción de una mayor supervisión de los programas en lo que respecta a los objetivos más amplios de la política. En cuanto a la ejecución, también tiene la responsabilidad de coordinar cinco programas sociales específicos: i) el PRONAA, ahora Qali Warma; ii) el FONCODES; iii) el programa de desarrollo de la primera infancia, Wawa Wasi, ahora Cuna Más; iv) el programa JUNTOS, de transferencias monetarias condicionadas, y v) el programa de pensiones no contributivas, Pensión 65. III. Objetivos de desarrollo del proyecto El objetivo de desarrollo del proyecto es fortalecer los sistemas y la capacidad del MIDIS, a fin de mejorar el desempeño de sus programas y de llevar a cabo un seguimiento de la política de inclusión social. IV. Descripción del proyecto Nombre del componente Componente 1: Fortalecimiento de la capacidad y de la rendición de cuentas en pos del mejoramiento de la calidad de los programas del MIDIS (US$3 530 000) Componente 2: Mejoramiento de la gestión del conocimiento, la información y la comunicación (US$3 734 088) Componente 3: Mejoramiento de la capacidad del MIDIS en cuanto a la orientación, el seguimiento y la evaluación de los resultados (US$3 493 000) Componente 4: Fortalecimiento de la gestión y de la capacidad de los recursos humanos (US$2 294 200) Componente 5: Administración del proyecto (US$1 243 712) V. Financiamiento (millones de US$) Para préstamos/créditos/otros Monto Prestatario 4,30 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 10,00 Total 14,30 VI. Ejecución La Secretaría General del MIDIS sería responsable de lo siguiente: i) la coordinación general de la elaboración de este proyecto; ii) el liderazgo técnico de la ejecución. Dada la complejidad inherente a la ejecución de una operación en la que participan varios programas sociales y unidades del MIDIS, se justifica la necesidad de una unidad de coordinación sólida con facultades políticas y jurídicas que le permitan lograr los objetivos de la operación. La Secretaría General tiene poder suficiente como para supervisar la ejecución de los distintos programas y en las diferentes oficinas. Las principales responsabilidades de la Secretaría General en calidad de coordinador técnico de la operación son las siguientes: i) asegurar la coordinación general con el Banco y con otras partes interesadas del Gobierno; ii) asegurar la ejecución oportuna de todas las actividades del proyecto; iii) supervisar el logro de los objetivos de desarrollo del proyecto, según lo demuestre el progreso respecto de los componentes principales de este, y supervisar sus resultados y los indicadores intermedios de resultados; iv) mantener el diálogo y la coordinación entre las unidades del MIDIS y eliminar los cuellos de botella que obstaculicen la ejecución toda vez que sea posible; v) preparar y supervisar, conjuntamente con la Unidad de Coordinación de Proyectos Sectoriales (UCPS; véase infra), el plan de ejecución anual y ajustarlo según sea necesario; vi) preparar o asistir a las unidades del MIDIS en la preparación de los términos de referencia; vii) garantizar la calidad y la elaboración y las actualizaciones oportunas del Manual de operaciones; viii) supervisar el progreso en la ejecución de las recomendaciones de salvaguardas, y ix) actuar en coordinación con las unidades del MIDIS a cargo de la ejecución para garantizar la ejecución oportuna de las actividades. Las unidades participantes dentro del MIDIS son: Qali Warma, JUNTOS, Pensión 65, la Dirección General de Seguimiento y Evaluación, la Dirección General de Gestión de Usuarios, la Dirección General de Descentralización y Coordinación de Programas Sociales, la Dirección General de Calidad de Prestaciones Sociales, la Dirección General de Políticas y Estrategias y la misma Secretaría General. Todas las responsabilidades fiduciarias (gestión financiera y de adquisiciones) se llevarán a cabo a través de la actual UCPS del MEF. La UCPS tiene vasta experiencia en materia de proyectos financiados por el Banco. Dadas la magnitud del proyecto y la significativa cantidad de actividades que deben realizarse en virtud de él, la UCPS se fortalecerá para brindar apoyo en el marco del proyecto, particularmente en la gestión financiera y de adquisiciones del proyecto. La UCPS será responsable de la preparación de las auditorías de adquisiciones de la operación y de hacer que se auditen los estados financieros, según se defina en el Manual de operaciones. La UCPS tiene procesos y procedimientos sólidamente establecidos, además de herramientas y mecanismos requeridos que el Banco considera aceptables; sin embargo, continúa siendo un organismo de ejecución de respaldo conformado por consultores externos financiados por diferentes proyectos. Por lo tanto, es necesario garantizar la continuidad del personal y también evaluar la necesidad de un mayor fortalecimiento en cuanto a la cantidad de personal, a fin de asegurar un respaldo adecuado para abordar de manera oportuna los requerimientos del proyecto; durante la evaluación inicial se aclararán las actividades más precisas. Se firmará un acuerdo interinstitucional entre el MIDIS y la UCPS en el que se detallarán las responsabilidades de las dos entidades. Si bien se reconocen los conocimientos especializados de la UCPS, la decisión de contar con una unidad administrativa separada dentro del MEF para respaldar la ejecución del proyecto a corto plazo podría ser útil. Sin embargo, a mediano y largo plazo, esto podría menoscabar los objetivos explícitos de desarrollo de la capacidad, institucionalización y sostenibilidad de acciones dentro del mismo MIDIS. Por consiguiente, el acuerdo interinstitucional es crucial para aportar claridad respecto de las áreas de responsabilidad específicas y, al mismo tiempo, mejorar la coordinación entre el MIDIS y la UCPS, y para asegurar que, con el transcurso del tiempo, se logre una capacidad fiduciaria en el MIDIS. VII. Políticas de salvaguarda (incluida la consulta pública) Políticas de salvaguarda que se aplican al proyecto Sí No Evaluación Ambiental (OP/BP 4.01) X Hábitats Naturales (OP/BP 4.04) X Bosques (OP/BP 4.36) X Control de Plagas (OP 4.09) X Recursos Culturales Físicos (OP/BP 4.11) X Pueblos Indígenas (OP/BP 4.10) X Reasentamiento Involuntario (OP/BP 4.12) X Seguridad de las Presas (OP/BP 4.37) X Proyectos relativos a Cursos de Agua Internacionales (OP/BP 7.50) X Proyectos en Zonas en Disputa (OP/BP 7.60) X VIII. Información de contacto Banco Mundial Persona de contacto: Alessandra Marini Cargo: Economista sénior Teléfono: 458-1632 Correo electrónico: amarini@worldbank.org Prestatario/cliente/receptor Nombre: REPÚBLICA DEL PERÚ Contacto: Luis Miguel Castilla Rubio Cargo: Ministro de Economía y Finanzas Teléfono: 427-4664 Correo electrónico: lcastilla@mef.gob.pe Organismos de ejecución Nombre: Ministerio de Economía y Finanzas Contacto: Sra. Aída Amezaga Cargo: Jefa de UCPS Teléfono: 311-5958 Correo electrónico: aamezaga@mef.gob.pe IX. Si desea información adicional, comuníquese con: The InfoShop Banco Mundial 1818 H Street NW Washington, DC 20433 Teléfono: (202) 458-4500 Fax: (202) 522-1500 Sitio web: http://www.worldbank.org/infoshop